Desmenuzando el revolú del estatus


Carta de Dana James Boente, Fiscal General Adjunto Interino

La carta del Fiscal General Adjunto Interino del Departamento de Justicia Federal, Dana James Boente, confirma la necesidad de proveerle al pueblo de Puerto Rico un proceso de descolonización justo y transparente que provea resultados claros, y que eluda suministrar justificación a EE.UU. para la inacción. La carta de Dana J. Boente reitera lo que es la política oficial pública de EE.UU. contenida en el Reporte del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico publicado el 11 de marzo de 2011. Sin embargo, cabe señalar que dicho reporte y la política de EE.UU. sobre Puerto Rico se dista del Derecho Internacional en varios puntos claves. La política pública de los EE.UU. presentada en la carta de Boente se puede abreviar en los siguientes puntos que se derivan del reporte citado:

  • Puerto Rico es un “Commonwealth” bajo los poderes plenarios del Congreso de EE.UU. por autoridad de la Cláusula Territorial.
  • Las opciones de estatus permisibles y necesarias, según EE.UU., son la estadidad, la independencia, la libre asociación y el “Commonwealth” (ELA).
  • El ELA Mejorado (“Commonwealth mejorado”) no es una opción de estatus permisible para EE.UU. por considerarla incompatible con la Constitución de EE.UU.
  • Con el propósito de diferenciarla de la opción de “Commonwealth mejorado” y para que no se le confunda con ésta, se describe la libre asociación como una modalidad de independencia.
  • La ciudadanía de EE.UU. que tienen los puertorriqueños no puede ser revocada y se mantendría en cualquiera de las opciones de estatus, incluyendo la libre asociación e independencia.

Se torna necesario entonces para quienes creen en la descolonización de Puerto Rico, incorporar el objetivo de diligenciar ante el Departamento de Justicia Federal y el Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico una conversación para que se incorpore y respete el Derecho Internacional dentro de la política pública de EE.UU. sobre Puerto Rico. Los siguientes puntos de la política pública de EE.UU. sobre Puerto Rico están encontrados con el Derecho Internacional:

  • El estatus territorial (“Commonwealth”) bajo la Cláusula Territorial es, dentro del Derecho Internacional, un territorio no-autónomo o colonia que carece de plenitud de gobierno propio. EE.UU., como Estado administrador del territorio no-autónomo, está obligado por la Carta de la Naciones Unidas, ratificada por EE.UU. el 8 de agosto de 1945, a desarrollar la plenitud de gobierno propio, y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por EE.UU. el 8 de junio de 1992, a promover el ejercicio de libre determinación. El estatus territorial (“Commonwealth”) debe ser retirado de los estatus permisibles para EE.UU. porque EE.UU. está obligado a “poner fin rápidamente al colonialismo, teniendo debidamente en cuenta la voluntad libremente expresada de los pueblos de que se trate y teniendo presente que el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras consti­tuye una violación del principio, así como una denegación de los derechos humanos fundamentales, y es contraria a la Carta” (Resolución 2625 (XXV) de 1970). En adición, el “Commonwealth” no es compatible con la Constitución de EE.UU. La Cláusula Territorial podrá facultar al Congreso, dentro de la estructura constitucional de EE.UU., a disponer de territorios y bienes, pero no le faculta para violar los Derechos Humanos retenidos por el pueblo de Puerto Rico (IX enmienda de la Constitución de EE.UU.) Además, el “Commonwealth” suprime la Justicia y deniega los beneficios de la Libertad del pueblo de Puerto Rico (Preámbulo de la Constitución de EE.UU.)
  • Caracterizar la libre asociación como una modalidad de la independencia crea el mismo tipo de confusión que quiere evitar el Departamento de Justicia entre la libre asociación y el “Commonwealth mejorado”. Describir la libre asociación de esta manera puede llevar al electorado a pensar que esa opción de estatus es lo mismo que la opción de estatus de independencia. La independencia y la libre asociación son clases diferentes de estatus que un Estado soberano puede asumir. El Derecho Internacional lista tres opciones de estatus únicas y diferentes entre si para lograr la plenitud de gobierno propio. La libre asociación y la independencia son estatus políticos diferentes que están basados en la soberanía y libre determinación del pueblo de Puerto Rico y pueden ser adoptadas por el Estado soberano que constituyan. Dicho de otra forma, un Estado soberano puede tener el estatus de la independencia o el estatus de la libre asociación.
  • La forma de diferenciar entre la opción de estatus de libre asociación del “Commonwealth mejorado” y la opción de estatus de independencia, y evitar toda confusión, es delineando los atributos básicos de la opción de estatus de  libre asociación,
    • la libre asociación está definida por el Principio VII de la Resolución 1541(XV) de 1960;
    • la libre asociación se basa en la soberanía y libre determinación del pueblo de Puerto Rico;
    • la libre asociación es una relación estrecha entre un Estado independiente y un Estado soberano que permite que instituciones del Estado independiente rijan poderes explícitamente delegados por el pueblo en la jurisdicción del Estado soberano;
    • la libre asociación tomará la forma necesaria y conveniente para atender los intereses de los pueblos que entablan la relación de respeto y amistad;
    • la libre asociación podrá ser terminada unilateralmente mediante los términos acordados entre los Estados soberanos.
  • De acuerdo con el Principio IX de la Resolución 1541(XV) de 1960, la estadidad debe ser retirada de los estatus permisibles para EE.UU. porque “el territorio que se integra debe haber alcanzado un estado avanzado de autonomía y poseer instituciones políticas libres”. Hoy mas que nunca es evidente la falta de autonomía y de instituciones libres dado la implementación de la Ley Pública 114-187 del 30 de junio de 2016, Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act. El grado de dependencia y subyugación es tal que el pueblo de Puerto Rico no está “en condiciones de decidir, en forma responsable, con conocimiento de causa” por la estadidad.

Otro objetivo relacionado al estatus político de libre asociación que se debe adoptar es fomentar que el Departamento de Justicia Federal y el Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico entablen conversación directa con otras organizaciones que abogan por el estatus político de la libre asociación como la Alianza por una Libre Asociación Soberana (ALAS), la Convergencia Nacional Boricua (CONABO) y el Movimiento Unión Soberanista (MUS), además de aquellos que defienden la libre asociación dentro del Partido Popular Democrático (PPD). La confusión que percibe el Grupo de Trabajo de Presidente sobre el “Commonwealth mejorado” y la libre asociación puede haberse originado en el conflicto de identidad que se manifiesta dentro del PPD. Se convierte en necesario entonces emprender conversaciones con las organizaciones políticas educativas que tienen claras sus visiones referente a la libre asociación.

En el espíritu de evitar confusiones y proveer un proceso justo y transparente es también importante clarificar la equivocación derivada de la caracterización de la libre asociación como modalidad de la independencia, que indica que es necesario ser primero independiente para luego negociar un pacto o tratado de libre asociación. Para que cualquier proceso de estatus provea resultados claros es necesario esclarecer cómo se llega a la constitución de un Estado soberano en libre asociación con EE.UU. Al igual que en otras experiencias de EE.UU., primero se da la negociación de la libre asociación dentro del estatus actual y una vez completada la negociación, el tratado es refrendado por el pueblo de Puerto Rico. En el acto de ratificar la libre asociación, el pueblo de Puerto Rico constituye el Estado soberano y selecciona el estatus político de libre asociación con EE.UU a la vez. Esta clarificación es importante porque de otra forma se estaría, para cuestiones práctica, eliminando la libre asociación como opción de estatus político.

Comunicado de Prensa de Ricardo Roselló Nevares

A apenas unas cuantas horas de recibida la carta del Departamento de Justicia Federal, el gobernador, Hon. Ricardo Roselló Nevares, decidió enviar un comunicado de prensa indicando se allanaba a los pedidos del Fiscal General Adjunto Interino, Dana James Boente, donde anunció que la cúpula del Partido Nuevo Progresista (PNP) enmendaría la Ley 7 del 3 de febrero de 2017, Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico, para, irónicamente, incluir una opción de estatus que no descoloniza, el estatus territorial. La decisión del gobernador decepcionó a muchos, inclusive en el sector estadista. Con esta decisión, se confirma el interés de la cúpula del PNP en obtener un mayoría artificial para la estadidad y no un proceso justo y transparente y de un resultado claro que posibilite la descolonización.

A pesar de este desliz, el gobernador tiene varias opciones a su disposición para mover hacia adelante la consulta de estatus que se propone:

  • Derogar la Ley #7 y aprobar el proyecto de la Asamblea Constitucional de Estatus del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
  • Derogar la Ley #7 y entablar una conversación con los sectores que representan las opciones de estatus, la estadidad y la soberanía, con la libre asociación e independencia. La conversaciones pueden incluir al sector autonomista del PPD que defiende la opción del ELA.
  • Proceder con la consulta del 11 de junio de 2017 tal como está aprobada sin tomar en consideración las recomendaciones de la carta del Departamento de Justicia Federal.
  • Enmendar la Ley #7 asumiendo que el gobernador buscará someter nuevamente las definiciones de la consulta al Departamento de Justicia Federal con una nueva fecha para la misma, para una consulta de dos partes como sugerido a continuación,
    • La primera parte se preguntaría si el pueblo de Puerto Rico quiere “mantener el estatus y relación actual con los Estados Unidos” o “decidir por un nuevo estatus político no territorial”;
    • La segunda parte, a realizarse en una fecha posterior, puede tomar uno de dos formatos,
      • Un consulta entre dos opciones: la soberanía (ó Estados soberano) y la estadidad.
      • Una consulta entre tres opciones, la libre asociación, la independencia y la estadidad, donde la votación sea por ranking, lo que permitiría a los votantes clasificar las opciones de estatus en orden de preferencia.
  • Es de importancia que en cualquier opción seleccionada por la cúpula del PNP, estén las tres opciones de estatus descolonizadoras por el Derecho Internacional y con las cuales concuerda la política pública de EE.UU. que deben estar presentes. La carta del Departamento de Justicia Federal no descartó la libre asociación sino que solicitó se modificara la definición. La definición de libre asociación que se debe incluir es la contenida en el Principios VI y VII de la Resolución 1541 (XV) de 1960.

Referencias

  1. (DOJ, 2017) Carta del Departamento de Justicia Federal a Hon. Ricardo Roselló Nevares sobre la consulta de estatus del 11 de junio de 2017.
  2. (GPO, Pub. L. 113-76) “Consolidated Appropriations Act”, U.S. Government Printing Office, 17 de enero de 2014.
  3. (GPO, H.R. Rep. 113-171) House of Representative Report with the Consolidated Appropriation Act, U.S. Government Printing Office, 23 de julio de 2013.
  4. (GPO, EO 13183) Executive Order No. 13183, “Establishment of the President’s Task Force on Puerto Rico’s Status”, U.S. Government Printing Office,23 de diciembre de 2000.
  5. (GPO, EO 13319) Executive Order No. 13320, “Amendment to Executive Order 13183, Establishment of the President’s Task Force on Puerto Rico’s Status”, U.S. Government Printing Office, 3 de diciembre de 2003.
  6. (GPO, EO 13517) Executive Order No. 13517, “Amendments to Executive Orders 13183 and 13494”, U.S. Government Printing Office, 30 de octubre de 2009.
  7. (White House, 2005) “Report by the President’s Task Force on Puerto Rico’s Status, March 2011”, White House, December, 2005.
  8. (White House, 2007) “Report by the President’s Task Force on Puerto Rico’s Status, March 2011”, White House, December, 2007.
  9. (White House, 2011) “Report by the President’s Task Force on Puerto Rico’s Status, March 2011”, White House, March 11, 2011.
  10. (OSLPR, 2017) Ley 7 de 2017, “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico”, 3 de febrero de 2017.
  11. (CRS, R42765) “Puerto Rico’s Political Status and the 2012 Plebiscite: Background and Key Questions”, Congressional Research Service, 25 de junio de 2013.
  12. (CRS, RL32933) “Political Status of Puerto Rico: Options for Congress”, Congressional Research Service, 7 de junio de 2011.
  13. (ODG, 2017) Comunicado de Prensa, “Gobernador Rosselló Nevares anuncia enmendará ley de plebiscito en respuesta al Departamento de Justicia federal”, Oficina del Gobernador, 13 de abril de 2017.
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